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La UE busca vivienda para los universitarios: tres de cada diez en España estudian fuera de casa y las habitaciones superan los 400 euros

La Comisión Europea plantea una batería de medidas específicas para los jóvenes en etapa de formación, mientras los estudiantes denuncian que las becas son insuficientes y reclaman residencias públicas.

La Comisión Europea cree que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más y revisar la regulación comunitaria para evitar trabas burocráticas innecesarias y redoblar la vigilancia sobre los alquileres turísticos y temporales. Pero es consciente de que la situación es urgente para algunos colectivos que no pueden esperar a que se levanten edificios o se cambien las normas, como es el caso de los jóvenes. En ellos, entre otros grupos, pone el foco el Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado esta semana por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, especialmente en los estudiantes. En España cerca de tres de cada diez universitarios estudian fuera de casa y la escasez de alojamientos los aboca a un mercado en el que el precio medio de una habitación ya supera los 400 euros.

"El acceso a una vivienda asequible es cada vez más inalcanzable para muchos jóvenes, lo que limita su independencia y su participación en la sociedad y en la economía", reconoce el plan de choque de la Comisión Europea, en el que el organismo comunitario se compromete a movilizar fondos para construir vivienda para estudiantes, a "evaluar la viabilidad" de un sistema de avales para evitar la exigencia de depósitos o garantías al alquilar, a difundir modelos de alojamiento "innovadores" como "espacios de convivencia y convivencia intergeneracional" y a poner en marcha un proyecto piloto en el marco del programa Erasmus+ para aumentar la disponibilidad de soluciones de vivienda asequible para estudiantes desplazados procedentes de entornos desfavorecidos. 

Según el informe La Universidad española en cifras 2025 publicado recientemente por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), del millón de alumnos matriculados en grados y másteres en universidades públicas españolas durante el curso 2022/23 —el último para el que hay datos disponibles—, 176.426 estudiaban fuera de su comunidad de residencia habitual, la mayoría procedentes de otra zona del territorio nacional (84,9% frente a un 15,1% de extranjeros). 

Madrid fue con diferencia la autonomía con más peso de alumnos desplazados (30,4%), seguida de Andalucía (14,8%), la Comunidad Valenciana (11,5%), Castilla y León (11%) y Cataluña (10,9%). En el resto de regiones la proporción no llegó al 3,5%. A esto habría que sumar los estudiantes que se cambian de provincia —e incluso los que se mudan dentro de ella—, lo que eleva la proporción total de matriculados fuera de su circunscripción hasta el 31,4%, según datos del Ministerio de Ciencia.

La CRUE recalca en su análisis que el estudiante universitario prioriza la elección de centro en función de la disponibilidad de plazas en campus ubicados cerca de su lugar de residencia habitual y del precio de la matrícula. "En el caso de que la titulación elegida no encuentre oferta pública de proximidad, la capacidad económica familiar resulta determinante para poder continuar los estudios", señala el informe, que reconoce que lo "insuficiente" de las becas y ayudas al estudio universitario y la escasez de oferta de alojamiento estudiantil —colegios mayores, residencias y apartamentos universitarios— obliga a los estudiantes a acudir a un mercado de la vivienda con precios disparados y, con frecuencia, ubicaciones alejadas de los campus.

Ayudas insuficientes

Según datos de Idealista, el alquiler medio de una habitación en un piso compartido se sitúa en 405 euros, aunque en grandes capitales como Madrid y Barcelona el precio medio llega hasta los 550 y 600 euros respectivamente. "En las zonas universitarias, mucha gente se aprovecha del estudiantado", añade la vicepresidenta de Comunicación de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), María de los Ángeles Guzmán, que advierte de que las residencias tampoco son una opción mucho más asequible. La Guía de Alojamiento Universitario 2025 de Uniscopio apunta a que los precios de residencias más baratos rondan los 500 euros mensuales por una habitación compartida en Madrid y Barcelona, así como en otras grandes ciudades como Valencia o Sevilla.

Guzmán subraya que las ayudas estatales para compensar los gastos por el abandono temporal del domicilio habitual se quedan cortas. El informe de la CRUE apunta a que la proporción de universitarios que perciben estas becas de residencia apenas se ha movido entre el 5,8% y 7,6% de los estudiantes de grado y máster a lo largo de las últimas dos décadas, lo que equivale prácticamente a un tercio de los alumnos desplazados solo entre comunidades. El volumen total de ayudas ha aumentado apenas un 16,4% en ese mismo periodo, mientras el colectivo total de becarios ha aumentado un 56,5%, con lo cual estas asignaciones por residencia cada vez cubren una menor proporción de becados. Al mismo tiempo, la dotación per cápita se ha reducido casi a la mitad, pasando de 3.043 a 1.600 euros.

Más residencias

Ante la fuerte demanda y escasa oferta de alojamiento estudiantil, proliferan las opciones privadas. Según un estudio reciente de la consultora inmobiliaria JLL, la inversión en residencias de estudiantes se ha disparado un 151% en 2025 hasta alcanzar un volumen total de 1.700 millones de euros transaccionados. Calculan que España cuenta con unas 106.200 plazas operativas y está prevista la puesta en marcha de otras 26.000 hasta 2028. 

"El parque de viviendas en las principales ciudades españolas es insuficiente para el creciente número de estudiantes que se desplazan y los estudiantes cada vez más prefieren alojarse en residencias que les ofrecen instalaciones, servicios y facilitan la creación de lazos de amistad y comunidad", explica a 20minutos la directora de Living de JLL España, Paola Erhardt, sobre los motivos detrás del fuerte crecimiento de este tipo de alojamientos, a lo que suma como atractivo para los inversores la calidad académica y la captación de estudiantes internacionales.

Pese al auge de las residencias, desde la consultora inmobiliaria estiman un déficit de 335.000 camas para el curso 2029/30, para el que prevén una movilidad estudiantil global de 690.000 alumnos. "El déficit de plazas en alojamientos especializados empuja a muchos estudiantes al mercado del alquiler tradicional, lo que a su vez reduce la oferta de vivienda en alquiler para otros perfiles de residentes", advierte Erhardt.

Oferta pública

"Cada vez hay más recursos privados, pero realmente sigue siendo una alternativa que no te puedes permitir si eres un estudiante de a pie sin una condición socioeconómica alta", puntualiza, por su parte, Guzmán, que reclama la creación de residencias y colegios mayores públicos para garantizar una oferta de alojamiento estudiantil realmente asequible que sirva también como contrapeso al mercado privado y fuerce unos precios más competitivos. Desde la CREUP ponen el ejemplo de Madrid, donde hay una demanda de unos 110.000 estudiantes desplazados al año frente a una oferta de apenas 940 camas públicas.

Junto a esta medida, la plataforma estudiantil propone también iniciativas más a medio y corto plazo, como la reconversión de espacios públicos, el impulso de modelos de convivencia intergeneracional, la limitación de los precios del alquiler, la creación de una bolsa de alquiler asequible o la regulación de los pisos turísticos. También señalan acciones que se pueden impulsar desde las propias universidades, como oficinas de intermediación o programas de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad, entre otras. 

( Fuente 20 minutos.es Noticia 21 dic 2025 - 08:23 Isabel Fuentes)

El Consejo de la Juventud: "El Bono de Alquiler no alcanza ni al 1% de los jóvenes"

Pide la creación de uno "eficaz y accesible" debido al fracaso de la configuración actual por su "escasa cobertura, la descoordinación autonómica y una entrega tardía"

El Consejo de la Juventud de España (CJE) pide cambios en la configuración de una de las medidas estrella del Gobierno para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. Según el organismo, el actual Bono de Alquiler Joven "no alcanza ni al 1% de la población joven" y apenas llega al "15% de la población potencialmente beneficiaria". El efecto limitado de esta prestación de 250 euros al mes se debe "a su escasa cobertura, la descoordinación autonómica y una entrega tardía", por lo que pide crear otra fórmula más "eficaz y accesible".

Así lo ha expresado el CJE durante la comparecencia del Consejo ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, celebrada el 17 de febrero, donde ha exigido políticas públicas "urgentes y estructurales" para facilitar el acceso a viviendas de jóvenes y ha lamentado la "profunda crisis habitacional que atraviesa la juventud española".

Entre las medidas propuestas, también ha planteado la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), subrayando que es "imprescindible que esta norma ofrezca protecciones reales para las personas arrendatarias jóvenes, incluyendo el alquiler de habitaciones y los contratos temporales, evitando que figuras jurídicas permitan la desprotección frente a las partes más vulnerables de la relación de alquiler", como ha explicado.

El Consejo ha abogado además por una revisión de la fiscalidad del alquiler, con incentivos fiscales y cargas adicionales para favorecer el uso residencial de viviendas y penalizar actividades especulativas o desuso, de forma que la fiscalidad contribuya a "generar más oferta asequible en vez de bonificar indiscriminadamente la tenencia o alquiler lucrativo".

"Acción política valiente y coordinada"

Durante su intervención, el CJE ha insistido en que estas propuestas son "necesarias tanto desde un punto de vista cuantitativo, con más vivienda asequible, como cualitativo, porque la falta de acceso a la vivienda genera impactos negativos en la salud mental y bienestar de la juventud, como ansiedad o depresión, asociados a condiciones materiales precarias y falta de perspectivas de futuro".

"No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo condiciones mínimas para vivir con dignidad", ha afirmado el portavoz del Consejo, Javier Muñoz, al tiempo que ha afirmado que "cuando una generación entera no puede acceder a un derecho constitucional, el problema es estructural, no individual. Y las soluciones están en la acción política valiente y coordinada".

Con todo, el Consejo ha destacado los datos más recientes de su Observatorio de Emancipación, que muestran que "solo el 15,2% de las personas jóvenes entre 16 y 29 años viven fuera del hogar familiar, el peor registro para un segundo semestre desde que se tienen datos en 2006", y que el coste mediano del alquiler roza los 1.080 euros mensuales, lo que supone dedicar más del 90% del salario si se pretende vivir en solitario, según matiza el CJE.

"El análisis de estos datos desmonta discursos que criminalizan a la juventud por su falta de esfuerzo o voluntad de emanciparse. La mayoría de jóvenes trabajan o se forman, pero el mercado de la vivienda y las políticas actuales no lo hacen suficiente para garantizar una emancipación digna. El empleo por sí solo ya no asegura el acceso a derechos básicos como la vivienda", ha enfatizado el Consejo.

(FUENTE Europa Press 18 Febrero 2026, 14:37)